La Amazonía peruana alcanza una importancia cada vez más creciente en la escena política del Perú de hoy por el rol que desempeña en la economía global del siglo XXI y por los periodos de explotación de gas y petróleo en esta región.

En el Perú, la clase política continúa asumiendo una conducta arbitraria, como en la época de la Colonia, cuando para fortalecer la economía peninsular se llevaron barcos atiborrados de oro y plata que extrajeron a costa del exterminio de miles de indígenas. De este modo, Europa prosperó y nuestros pueblos y culturas quedaron al borde de la extinción.

Poco o nada le ha importado a la clase política, el arrasamiento de los recursos naturales, el exterminio y la muerte de las poblaciones indígenas a expensas de la concentración desmesurada del capital. Sin embargo, una ola democratizadora avanza en varios países de la región sudamericana, donde la revalorización de los recursos naturales no renovables, ríos, bosques, biodiversidad es asumida con respeto por los Estados.

En el Perú, en lo que va del presente siglo, el modelo liberal ha intensificado el esquema del extractivismo a ultranza con la explotación y la exportación de los hidrocarburos. Esta promoción agresiva de acumulación de reservas de petróleo y gas es alimentada por el crecimiento de las economías del mundo y por el acelerado aumento del precio del petróleo, poniendo en peligro la vida de ancestrales pueblos y el entorno natural.

Estamos ante uno de los latrocinios más grandes de nuestra historia encarnado por las grandes multinacionales que cuentan con el consentimiento de gobiernos que respaldan un accionar desprovisto de valores humanos. Los empresarios se alborozan con los bienes nacionales adjudicados por el modelo extractivo-exportador que beneficia a unos pocos a costa de producir la eliminación de las poblaciones indígenas y mantener en la pobreza a millones de peruanos. En tan solo tres años (2004-2007) se ha quintuplicado (de 15% al 75%) la entrega de territorios a empresas multinacionales en nombre del crecimiento nacional. En la actualidad, nuestra Amazonía se halla lotizada en cuadrículas y, lo que es más delicado, se superponen en territorios titulados de comunidades nativas, áreas naturales protegidas, territorios reservados para pueblos indígenas que viven en aislamiento y/o contacto inicial. En la reciente reunión de CADE 2010, la clase política aplaudió el modelo neoliberal y planteó redoblar la subasta de nuestros recursos naturales y subsidiar el actual modelo. No obstante, como afirman los líderes indígenas peruanos, los índices de pobreza se han mantenido e incluso elevado, agravados por los impactos sociales y medioambientales que contaminan los ríos, lo cual ha motivado el desalojo de las comunidades nativas. Este desfase entre un supuesto desarrollo económico nacional y la permanencia de la pobreza en zonas apartadas y remotas trae consigo el incremento de los conflictos sociales entre el Estado, los empresarios multinacionales y los pueblos indígenas, que no perciben una mejoría en sus condiciones de vida sino todo lo contrario. Los actuales conflictos han tenido en el caso de Bagua su epicentro de lucha.

Los pueblos indígenas desde hace algunos años vienen alcanzando mayor protagonismo como actores políticos, no solo por la defensa de sus conocimientos, culturas y prácticas tradicionales sino como alternativa política para la sociedad peruana en su conjunto. Los indígenas retoman su memoria histórica y se convierten en organizaciones que se enfrentan a la depredación de los recursos naturales y alzan su voz de protesta cuando las montañas, los bosques, los ríos sufren brutales cambios con las deforestaciones y las sequías que amenazan con aniquilar la vida biológica y humana con consecuencias impredecibles. Por ello, su visión del mundo es una alternativa viable para el desarrollo sostenible y equitativo.

Desde la década de los noventa los gobiernos de Fujimori, Toledo y García destacaron el auge de los contratos firmados con las multinacionales argumentando la gran atracción que suscita el sector hidrocarburos en los inversionistas, sin contar con reglas firmes y adecuadas para la protección al medio ambiente y las poblaciones amazónicas originarias.

Camisea es el proyecto energético más grande de la historia peruana. El gas de Camisea fue descubierto en los Lotes 88 y 56 por actividades de exploración realizadas por la empresa multinacional Shell en los años ochenta. Con la promesa de ser pieza clave para el desarrollo del país y una vía para alcanzar la independencia energética, el Proyecto Camisea, a través de una enorme maquinaria publicitaria de los gobernantes, despertó grandes ilusiones y creó muchas expectativas en el Perú. Desde su descubrimiento se esperaba que la más grande reserva de hidrocarburos descubierta en el país lo fuera a convertir en una nación con grandes oportunidades para la apertura de nuevas industrias como la petroquímica y otras de valor agregado que atendería las demandas del campo y la ciudad (consumo doméstico, uso vehicular y promoción de centrales de electricidad). Además, se podía constituir en una fuente importante de renta para el país al permitirse exportar energía y comercializar productos del gas. Por todo esto, la noticia fue recibida con gran entusiasmo pues con esos niveles de reservas de gas no había de qué preocuparse, había gas para todos y por mucho tiempo en el Perú.

El Proyecto Camisea está ubicado en un área remota e inhabitada del bosque tropical en la cuenca amazónica y constituye un complejo potencial de impactos sociales y ambientales sumamente dañinos, tal como en su momento advirtieron importantes instituciones internacionales, quienes mostraron su preocupación por los efectos que podía tener la explotación del gas de la zona en una de las pocas áreas vírgenes e intactas en el planeta; limpia de toda actividad humana y con su complemento completo de biodiversidad, como el Bajo Urubamba. Pero nada detuvo a los subastadores de nuestras riquezas y nuestra nación pasó a estar subordinada a los intereses de los grandes monopolios. El yacimiento del Lote 88 con un estimado de 11 trillones de pies cúbicos de gas y 600 millones de barriles de condensado fue entregado al Consorcio Pluspetrol de Camisea, que cuenta con un contrato de explotación por 40 años, con posibilidades de extensión a 100 años.

De acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los pueblos indígenas anteceden a la conformación del Estado y por lo tanto deben ser consultados. Sin embargo, el Estado peruano ha vulnerado los derechos consagrados en la norma internacional.

El proyecto de gas más grande en la historia peruana nada bueno ha traído para los pueblos indígenas peruanos. Una gran cantidad de acciones gubernamentales y privadas están impactando significativamente la vida de estas poblaciones. El costo de las actividades extractivas del proyecto Camisea lo están pagando los pueblos indígenas, dado que cerca del 75% de los yacimientos de extracción de gas están localizados dentro de la reserva de pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario y/contacto inicial como los nahua, los yora o kugapakori, y los kirineri, quienes han sido forzados a tener contacto con el Consorcio Camisea, violando sus derechos reconocidos internacionalmente. Lo mismo ha sucedido con los machiguenga y las comunidades de Camisea Shivankoreni, Segakiato y Cashiari que tienen asentamientos cercanos a los pozos. Es importante destacar que para sobrevivir, estas poblaciones dependen de la agricultura, recolección, caza, pesca y extracción de los productos del bosque, actividades amenazadas por la expansión del proyecto.

El proyecto Camisea ha requerido la construcción de una amplia infraestructura, instalaciones para la explotación, el transporte, el procesamiento, la distribución y comercialización de los hidrocarburos, con la apertura de trochas de 1,5 metros de ancho, explosiones en una superficie de 700 km2, helipuertos y varios campamentos que ocupan 8,5 hectáreas, 4 plataformas y de 12 a 21 pozos de extracción, red de ductos, 2 estaciones de bombeo, además de la planta de procesamiento, pista, almacenamiento y campamentos en un área de 72 hectáreas que han requerido de 500 a 1.000 trabajadores. La construcción y operación de los dos ductos con extensiones de 650 y 700 km, que van desde la Amazonía peruana hasta la costa, al sur de Lima, atraviesan tierras de pueblos indígenas, ecosistemas altamente sensibles y otros ámbitos de similar importancia. La sumatoria de todos esos impactos origina la destrucción y degradación de amplias áreas de bosques impenetrables, incluyendo la desaparición de numerosas especies animales y vegetales. En consecuencia, las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario contactadas en forma forzada por gigantes empresas están siendo diezmadas y su salud y alimentación afectadas.

Esta situación se agrava más con los seis derrames de gas líquido producidos entre 2004 y 2007. Las negociaciones para decidir los montos de la compensación por el impacto ambiental de los derrames aún son motivo de denuncia pública porque las empresas no respetan los derechos de los nativos.

El informe de la Defensoría del Pueblo de Perú, “El proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas” (2006), denuncia que los derechos fundamentales de las comunidades nativas asentadas alrededor del yacimiento gasífero de Camisea han sido afectados por las compañías extranjeras que operan en la selva amazónica. Contiene también acusaciones demoledoras sobre la actuación del Estado peruano con relación a la defensa de la vida de los pobladores de la Reserva Territorial Nahua-Kugapakori, en el sur del país, en cuyo territorio irrumpió el consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP), a quien se le entregó la concesión del gas de Camisea. Las socias de TGP son las firmas Pluspetrol y Techint, de Argentina, la texana Hunt Oil, la estatal argelina Sonatrach y la surcoreana SK Corporation; posteriormente se han incorporado otros consorcios.

Llama poderosamente la atención que estos proyectos merezcan poco análisis y reflexión sobre las implicancias y sus efectos indirectos frente a la intervención de las empresas multinacionales de petróleo que pretenden acumular recursos naturales no renovables como si fueran mercancías, sin preocuparse por la devastación ambiental que ocasionan, ni el exterminio de los pueblos indígenas y culturas ancestrales que dejan a su paso. Como señala el sacerdote Francois Houtard, presidente del Jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP): “Es la primacía del mercado por sobre los derechos de las personas y el otorgamiento de todas las garantías a las corporaciones que eliminan la capacidad estatal de definir proyectos nacionales de desarrollo con la complicidad de los gobiernos”.

En el Bajo Urubamba, los impactos sociales y ambientales continúan y la capacidad de las poblaciones de defender su territorio constituye un desafío. Para agravar esta situación, un nuevo proyecto de explotación aumenta aún más los impactos sobre los bosques y reservas de agua. En setiembre de 2004, el Gobierno firmó el contrato de concesión del Lote 56 con el Consorcio Pluspetrol de Camisea I, por el cual otros lotes serán entregados. El Lote 56 está ubicado también en el Bajo Urubamba, al noroeste del actual Lote 88. Dentro del Lote 56 se encuentra un área clasificada como bosque primario, hogar de los kirineri, población en aislamiento voluntario altamente vulnerable.

Sin embargo, el alejamiento del proyecto imposibilita la difusión pertinente de sus perniciosos impactos sociales y ambientales. Las poblaciones nativas observan absortas junto a sus chozas por donde cruzan dos enormes gaseoductos con millones de metros cúbicos de gas indígena que huyen hacia Lima para ser embarcados a otros países. Mientras ellos siguen todavía con su mechero de petróleo contemplando los derrames de líquidos nocivos que se corren por las tuberías construidas en forma irresponsable que amenaza que exterminarlos. Así, la supuesta “modernización” anunciada por megaproyectos como el Proyecto Camisea termina, más temprano que tarde, mostrando su verdadero rostro de destrucción, enfermedad y muerte.